¿Qué es la AIT?

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MANDATO LEGAL

La Autoridad de Impugnación Tributaria (AIT), fue creada por el Título III de la Ley N° 2492, Código Tributario Boliviano (CTB) del 2 de agosto de 2003, como parte del poder ejecutivo, bajo tuición del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP).

La AIT es un órgano autárquico de derecho público, con autonomía de gestión administrativa, funcional, técnica y financiera, con jurisdicción y competencia en todo el territorio nacional.

La AIT tiene como objeto conocer y resolver los recursos de alzada y jerárquico que se interpongan por controversias entre el Contribuyente y la Administración Tributaria contra los actos definitivos del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Aduana Nacional de Bolivia (ANB) y Gobiernos Autónomos Municipales.

La Ley Nº 3092 del 7 de julio de 2005 incorpora al Código Tributario Boliviano el Procedimiento para el conocimiento y resolución de los Recursos de Alzada y Jerárquico, aplicables ante la AIT.

De acuerdo a la Ley N° 2492, las actividades de la AIT se financiarán con: 1) Hasta uno (1) por ciento del total de las recaudaciones tributarias de dominio nacional percibidas en efectivo, que se debitará automáticamente, según se disponga mediante Resolución Suprema; y 2) Otros ingresos que pudiera gestionar de fuentes nacionales o internacionales.

La AIT está compuesta por una Autoridad General con sede en la ciudad de La Paz y cuatro (4) Autoridades Regionales con sede en las capitales de los departamentos de Chuquisaca, La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. También forman parte de la AIT, los Responsables Departamentales que, previa aprobación de la Autoridad General, serán designados por la Autoridad Regional en las capitales de departamento donde no existan Autoridades Regionales.

El Artículo Nº 141º del Decreto Supremo Nº 29894, del 7 de febrero de 2009, que reglamenta la estructura del Órgano Ejecutivo, dispone que la Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Regionales Tributarias pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de Impugnación Tributaria, respectivamente; y determina que dichas entidades seguirán cumpliendo sus objetivos, desarrollando sus funciones y atribuciones, hasta que se emita una normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado, manteniendo inalterable su existencia y continuidad de funcionamiento como Entidad.

VISIÓN

“Ser una institución especializada que imparte justicia en el ámbito tributario, cuya fundamentación técnico-jurídica expresada en las resoluciones emitidas, se traducen en precedentes orientadores de indudable trascendencia jurídica para el Estado, con una imagen institucional posicionada a nivel nacional e internacional”.

MISIÓN

“Impartir justicia tributaria administrativa especializada, por medio de la resolución de recursos de alzada y jerárquicos, que se interpongan contra los actos definitivos de la Administración Tributaria, garantizando el cumplimiento de los derechos, principios y preceptos de la Constitución Política del Estado, leyes y normas reglamentarias vigentes”.

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES

La AIT asume los principios descritos en las siguientes normas, para el desarrollo y cumplimiento de sus roles y atribuciones:

Principios Constitucionales

La Constitución Política del Estado, en su Artículo 8, parágrafo I, establece que: “El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble)”.

Principios vinculados a la Justicia Tributaria

La AIT cumplirá con los principios descritos en la Ley N° 2492 – Código Tributario Boliviano y la Ley N° 2341 – Ley de Procedimiento Administrativo.

Asimismo, los Servidores Públicos de la Autoridad de Impugnación Tributaria deberán cumplir con los principios descritos en su Código de Ética (código R/AP-008), que establece el conjunto de normas para que los servidores públicos, sujeten su conducta funcionaria.

VALORES INSTITUCIONALES

La Constitución Política del Estado, en su Artículo 8, parágrafo II, establece que: “II. El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien.”.

Los Servidores Públicos como miembros de la Autoridad de Impugnación Tributaria para el ejercicio de sus funciones, promoverán los valores institucionales descritos en el Código de Ética (código R/AP-008).

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